La discusión por el futuro de las tierras rurales argentinas volvió a instalarse en el centro de la escena judicial y política. Luego de que la Corte Suprema rechazara un planteo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) por una cuestión de legitimación, distintos sectores buscan nuevas vías judiciales y legislativas para limitar los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.
El fallo del máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, sino que consideró que el CECIM no tenía legitimación para promover ese amparo. La propia Corte aclaró posteriormente que su decisión fue de carácter procesal y que existen otras medidas cautelares en trámite que no quedan alcanzadas por esa resolución.
La derogación de la Ley de Tierras genera preocupación entre organizaciones sociales, ambientales, excombatientes y sectores de la oposición, que advierten sobre la eliminación de los límites que anteriormente regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa de 2011 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal.
Mientras continúan los planteos judiciales, también se prepara una disputa en el Congreso. Sectores opositores buscan tratar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados y revertir las modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras. El debate parlamentario está previsto para el 15 de octubre, en un escenario marcado por una creciente movilización de organizaciones que reclaman preservar el control sobre el territorio y los recursos naturales.
La controversia abre así un nuevo capítulo: ¿qué alcance tendrá finalmente la derogación de la Ley de Tierras y qué decisión tomarán la Justicia y el Congreso frente a la posibilidad de una mayor participación extranjera en la propiedad rural argentina?
